El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su Art. 26, determina la suspensión de los pactos, acuerdos y convenios colectivos, lo que significa que a día de hoy, las condiciones de trabajo tanto del personal laboral como el personal funcionario se rigen por lo previsto en el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleo Público